CONCEPTO 018444 int 2039 DE 2026
(octubre 21)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
<Publicado en la página web de la DIAN: 29 de octubre de 2026>
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Unidad Informática de Doctrina
| Área del Derecho | Tributario |
| Banco de Datos | Otros Temas |
| Descriptores | Tema: Información Exógena. Descriptores Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF). Intercambio de información. Debida diligencia. Reporte de información. |
| Fuentes Formales | Artículos 640 y 651 del Estatuto Tributario. Resolución DIAN No. 000227 de 2025, adicionada por la Resolución DIAN No. 000240 de 2025. Comentarios al Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF) de la OCDE |
Extracto
1. Esta Subdirección está facultada para absolver las consultas escritas, presentadas de manera general, sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y de fiscalización cambiaría, en lo de competencia de la DIAN[1]. En este sentido, la doctrina emitida será de carácter general, no se referirá a asuntos particulares y se someterá a lo consagrado en el artículo 131 de la Ley 2010 de 2019[2].
2. La Resolución DIAN 000240 del 24 de diciembre de 2025 adicionó el capítulo 11 al título 6 de la parte 1 de la Resolución DIAN 000227 de 2025 y sus anexos T6.16 y T6.17, relativos, respectivamente, a los procedimientos de debida diligencia y al esquema técnico CARF XML vi.5. De acuerdo con el artículo 1.6.11.10, sus disposiciones deben aplicarse e interpretarse armónicamente con los Comentarios del Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF) de la OCDE.
3. Este régimen establece obligaciones de reporte de información y debida diligencia para el intercambio automático internacional de información con fines fiscales, conforme al marco de reporte de criptoactivos (Crypto-Asset Reporting Framework - CARF). Por tanto, la clasificación y valoración de una operación para efectos del CARF no determinan, por sí mismas, el reconocimiento de ingresos, costos, pérdidas o valores patrimoniales, materias sujetas a las normas tributarias sustanciales aplicables.
4. Bajo estas consideraciones se responderán los interrogantes planteados en la petición de la referencia.
5. ¿Cómo deben valorarse y reportarse las Transacciones Relevantes cuando no exista un valor de mercado directamente observable o se realicen operaciones automatizadas de alta frecuencia, y qué consecuencias puede generar una diferencia de valoración frente a la Administración tributaria?
6. La Resolución DIAN No. 000227 de 2025 (en adelante, Resolución Única) establece métodos para determinar el valor de las Transacciones Relevantes, pero no contempla un mecanismo especial de conciliación de las diferencias de valoración entre el Proveedor de Servicios de Criptoactivos Sujeto a Reporte (en adelante, proveedor) y la Administración Tributaria.
7. Para los intercambios entre criptoactivos, los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 1.6.11.3 establecen reglas específicas de valoración. En particular, cuando un criptoactivo de difícil valoración se intercambie por otro cuyo valor pueda determinarse fácilmente, deberá utilizarse el valor de este último como referencia.
8. En cuanto a las transferencias previstas en los numerales 1.5.6 a 1.5.9, el numeral 3.5 establece un orden jerárquico y sucesivo de métodos alternativos de valoración cuando no exista un valor de referencia aplicable: (i) valores contables internos; (ii) valoraciones de terceros razonablemente confiables; (iii) valoración más reciente del proveedor; y (iv) estimación razonable como último recurso
9. En consecuencia, la ausencia de un mercado secundario activo no permite asignar automáticamente un valor discrecional, pues este deberá estar sustentado en el método que corresponda, conforme al orden previsto en la disposición. En particular, la ausencia de un mercado secundario activo o de una cotización directamente observable no justifica, por sí sola, la asignación de un valor de cero dólares (USD 0) al Criptoactivo Relevante. Los métodos alternativos de valoración deberán aplicarse de manera sucesiva, respetando el orden de prelación establecido en la disposición, de manera que únicamente podrá acudirse a un método subsidiario cuando no resulte posible atribuir un valor mediante los métodos precedentes. En este sentido, la estimación razonable constituye una medida de último recurso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3.5.4 del artículo 1.6.11.3 de la Resolución Única.
10. Aunque no se establece un procedimiento documental específico para acreditar el agotamiento de cada método, el proveedor debe contar con información que permita justificar el criterio aplicado y sustentar el valor reportado, así como las razones por las cuales no resultaron aplicables los métodos de valoración precedentes, cuando corresponda, de conformidad con las obligaciones de conservación de registros previstas en el Anexo T6.16. Adicionalmente, conforme al numeral 3.6 del artículo 1.6.11.3 de la Resolución Única y al Anexo T6.17, deberá identificar en el XML el método alternativo de valoración que haya utilizado.
11. Ahora bien, el artículo 1.6.11.9 ibídem remite al artículo 651 del Estatuto Tributario (E.T.) cuando la información suministrada contenga errores o no corresponda a lo solicitado. No obstante, una diferencia de valoración no configura, por sí sola, una infracción sancionable. Para tal efecto, se debe examinar el cumplimiento de las reglas de valoración aplicables y si se configura alguna de las conductas sancionables previstas en la legislación tributaria, con observancia de los principios y criterios legalmente aplicables en materia sancionatoria, incluido lo dispuesto en el artículo 640 del E.T.[3]. Lo anterior, sin perjuicio del procedimiento de corrección de información previsto en el artículo 1.6.11.6.
12. Finalmente, en cuanto a las operaciones automatizadas de alta frecuencia, su valoración debe observar las reglas anteriores, teniendo en cuenta que, conforme al numeral 3 del artículo 1.6.11.3 de la Resolución Única, el valor debe determinarse al momento de cada Transacción Relevante, según corresponda sin que resulte procedente sustituirlas, por esa sola circunstancia, por una cotización diaria única. No obstante, el reporte se presenta de manera agregada y el Anexo T6.17 no exige transmitir individualmente cada microoperación ni sus tasas de conversión expresadas en milisegundo.
13. ¿Deben acumularse las transferencias de Criptoactivos Relevantes inferiores a USD 50.000 cuando correspondan al pago de una misma adquisición de bienes o servicios?
14. El numeral 3.3 del artículo 1.6.11.2 de la Resolución Única define las Transacciones de Pago Minorista Reportables como transferencias de Criptoactivos Relevantes efectuadas en contraprestación por bienes o servicios de valor superior a USD 50.000.
15. Las transferencias que no alcancen dicho umbral mantienen su condición de Transacciones Relevantes, según lo dispuesto en el parágrafo 2 del mismo artículo, y deberán incluirse en los reportes agregados previstos en los numerales 1.5.7 y 1.5.8 del artículo 1.6.11.3, según corresponda.
16. Ahora bien, el párrafo 16 de los Comentarios a la sección V del numeral 3 «comentarios a las reglas» del CARF[4] advierte que el fraccionamiento de operaciones no debe utilizarse para eludir las obligaciones de reporte con respecto a transacciones que de otro modo, cumplirían las condiciones para ser consideradas Transacciones de Pago Minorista Reportables[5]. Por tanto, cuando varios pagos correspondan a una misma adquisición, deberá considerarse esta circunstancia para determinar su clasificación.
17. ¿Cómo deben reportarse las recompensas de staking y las pérdidas ocasionadas por penalizaciones de red (slashing), cuando el esquema CARF XML no admite valores negativos?
18. El Anexo T6.17 establece el código CARF502 para las recompensas recibidas por staking, sin contemplar una categoría específica para las pérdidas ocasionadas por slashing. Además, sus restricciones generales únicamente admiten valores numéricos positivos o cero. Por ello, las penalizaciones no pueden registrarse como valores negativos para disminuir las recompensas reportadas, pues el esquema XML no admite este mecanismo.
19. Cuando la penalización implique una Transferencia de Criptoactivos Relevantes efectuada por el proveedor en nombre del Usuario Reportable, podrá clasificarse como transferencia de salida bajo el código CARF605 (Other), si no corresponde a otra categoría específica. En cambio, la simple destrucción de unidades, sin que exista una Transferencia en los términos del numeral 3.4 del artículo 1.6.11.2 de la Resolución Única, no deberá registrarse bajo esta modalidad.
20. Finalmente, la información suministrada bajo CARF tiene como finalidad el intercambio automático de información fiscal internacional sobre criptoactivos y no constituye, por sí misma, una determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta. Por tanto, las recompensas y penalizaciones deberán recibir el tratamiento fiscal que corresponda según su naturaleza y las disposiciones tributarias aplicables, con independencia de las categorías utilizadas para su reporte.
21. ¿Cómo deben obtenerse y actualizarse las autocertificaciones de residencia fiscal de los Usuarios de Criptoactivos, particularmente en pagos presenciales y cuando se Identifiquen cambios de circunstancias?
22. El numeral 4.2 del artículo 1.6.11.2 de la Resolución Única establece que, cuando un proveedor facilite una Transacción de Pago Minorista Reportable para un comerciante o en su nombre, deberá tratar al cliente de este como Usuario de Criptoactivos si está obligado a verificar su identidad conforme a las normas nacionales contra el lavado de activos, en virtud de dicha transacción[6]. Su condición de Usuario Reportable dependerá, además, de que sea una Persona Reportable[7].
23. Para estos efectos, el numeral 3.1 de la sección 3 del Anexo T6.16 exige obtener una autocertificación al establecer la relación con el usuario y verificar su razonabilidad. Si esta no supera dicha verificación, el numeral 3.2 exige obtener una certificación válida o los elementos que sustenten su razonabilidad antes de efectuar Transacciones Relevantes.
24. El mismo anexo permite autenticar las autocertificaciones por medios distintos de la firma manuscrita, utilizar autocertificaciones previamente obtenidas para otros fines fiscales, siempre que cumplan los requisitos de validez, y apoyarse en terceros para efectuar la debida diligencia. En este último caso, la responsabilidad permanece en cabeza del proveedor[8]. Por tanto, la regulación no exige un mecanismo informático único ni exceptúa estos requisitos por la inmediatez del pago.
25. En cuanto a los cambios de circunstancias, los numerales 3.3 y 3.4 disponen que debe actualizarse la autocertificación cuando exista información que lleve al proveedor a conocer, o tener razones para considerar, que aquella es incorrecta o ha dejado de ser fiable. Por ello, una conexión mediante VPN con dirección IP extranjera no demuestra, por sí sola, un cambio de residencia fiscal.
26. Cuando se configure un cambio de circunstancias que afecte la autocertificación, el numeral 3.5 permite mantener transitoriamente la condición inicial durante el plazo allí previsto, que no podrá superar noventa (90) días calendario. Si no se obtiene una confirmación de validez de la autocertificación original o nueva autocertificación válida durante dicho plazo, el proveedor deberá tratar al usuario como residente fiscal tanto de las las jurisdicciones inicialmente declaradas como de aquellas en las que podría ser residente como resultado del cambio de circunstancias, para efectos del cumplimiento de las obligaciones de reporte que correspondan. La regulación no establece la suspensión automática de cuentas por el uso de VPN.
27. ¿Cómo deben clasificarse y reportarse las transferencias de Criptoactlvos Relevantes hacia contratos Inteligentes, cuando estos carezcan de Identificación tributarla o residencia fiscal?
28. El numeral 3.4 del artículo 1.6.11.2 de la Resolución Única distingue las Transferencias de las Transacciones de Intercambio. Por su parte, el numeral 1.5.9 del artículo 1.6.11.3 ibidem exige reportar las transferencias efectuadas hacia direcciones cuya vinculación con un proveedor de servicios de activos virtuales o una institución financiera no sea conocida por el proveedor obligado.
29. La clasificación de estas operaciones no depende de que el destinatario sea un contrato inteligente, sino de su naturaleza. Así, cuando el proveedor conozca que existe una transacción de intercambio, deberá atender a las reglas de esa categoría. En caso contrario, corresponderá examinar si se configura una Transferencia conforme a la definición reglamentaria[9].
30. Cuando se cumplan las condiciones señaladas en el numeral 1.5.9 del artículo 1.6.11.3 de la Resolución Única, la información deberá suministrarse mediante el elemento TransferWallet del Anexo T6.17, que exige reportar el valor total, las unidades transferidas y, cuando corresponda, el método alternativo de valoración utilizado. Este elemento no exige identificar tributariamente al contrato inteligente ni transmitir individualmente su dirección blockchain, sin perjuicio de los deberes de conservación de información[10].
31. ¿Deben reportarse los criptoactivos originados en un hard fork cuando el proveedor no los admite ni permite su retiro por parte del usuario?
32. El numeral 1.5.7 del artículo 1.6.11.3 de la Resolución Única exige reportar las transferencias recibidas por los Usuarios Reportables, mientras que el Anexo T6.17 contempla el código CARF501 (Airdrop'j. Los Comentarios a la sección IV.C(4) del CARF, párrafo 33, reconocen como Transferencia de entrada la recepción de nuevos criptoactivos mediante un airdrop derivado de un hard fork[11].
33. En consecuencia, deberá distinguirse la aparición de los tokens en una dirección, su atribución al cliente y su recepción conforme a la regulación. Cuando esta última se configure, las restricciones de retiro no excluyen automáticamente el reporte. Por otra parte, la sola creación de nuevos tokens no basta para afirmar que el Usuario Reportable recibió una Transferencia.
34. Finalmente, la clasificación bajo el código CARF501 responde a las obligaciones de reporte de información previstas en el CARF y no determina, por sí misma, que la recepción de los criptoactivos reportados constituya automáticamente un ingreso gravado. Este último aspecto deberá establecerse conforme a las disposiciones tributarias sustanciales aplicables.
35. ¿Qué tratamiento procede cuando un archivo CARF es rechazado por inconsistencias de validación de identificaciones tributarias extranjeras, y cuándo pueden configurarse fuerza mayor o sanciones?
36. El artículo 1.6.11.4 de la Resolución Única exige presentar archivos XML ajustados al Anexo T6.17. En el esquema XSD contenido en el Anexo T6.17, el elemento TIN contiene reglas generales de longitud e identificación de su jurisdicción de expedición, sin establecer patrones alfanuméricos específicos para cada país. Por tanto, una modificación extranjera de su formato no determina necesariamente el rechazo del archivo, sin perjuicio de otras validaciones aplicables.
37. Si el rechazo obedece a fallas técnicas atribuibles a la DIAN que impidan presentar la información, el artículo 1.6.11.7 establece un plazo de cinco (5) días hábiles contado desde la comunicación oficial del restablecimiento del servicio. La misma disposición permite habilitar términos ante situaciones de fuerza mayor no imputables al informante ni a la Administración, sin que las inconsistencias de validación constituyan automáticamente dicha circunstancia.
38. Finalmente, el rechazo técnico no implica la imposición inmediata de la sanción del artículo 651 del E.T. Su procedencia exige determinar la infracción y motivar la lesividad de la conducta, conforme al artículo 640 ibídem y la jurisprudencia aplicable[12]. El archivo rechazado y tenido como no presentado conforme al parágrafo 1 del artículo 1.6.11.4 de la Resolución Única deberá subsanarse, situación distinta de la corrección de información previamente reportada prevista en el artículo 1.6.11.6.
39. ¿Quién debe presentar el reporte CARF en cero cuando el proveedor se extingue definitivamente antes del vencimiento del plazo para suministrar la información?
40. El artículo 1.6.11.4 exige presentar un reporte en cero (nil report) cuando el proveedor, después de aplicar los procedimientos de debida diligencia, no identifique Usuarios Reportables ni personas que ejerzan el control con esa condición. Por ello, el cese de actividades no determina, por sí solo, la procedencia de dicho reporte.
41. La información correspondiente al año calendario 2026 deberá presentarse, conforme al plazo general establecido, a más tardar el último día hábil de mayo de 2027. Para ello, el artículo 1.6.11.5 exige actualizar el RUT del proveedor con la responsabilidad 67 y cumplir los requisitos de identificación y firma electrónica del representante legal o apoderado.
42. El literal g) del artículo 572 del E.T. atribuye a los liquidadores el cumplimiento de los deberes formales de las sociedades en liquidación. En concordancia, el artículo 238 del Código de Comercio les impone, entre otras funciones, concluir las operaciones sociales pendientes y custodiar los libros y documentos de la sociedad.
43. Sobre el particular, la doctrina de esta Entidad ha reconocido que el liquidador debe atender las obligaciones tributarias formales correspondientes a períodos anteriores a la liquidación, incluso cuando su cumplimiento tenga lugar después de extinguida la sociedad. Este criterio se ha aplicado expresamente al suministro de información tributaria y debe distinguirse de la representación procesal de una persona jurídica extinguida[13].
44. En consecuencia, cuando la obligación de reportar información CARF se haya originado durante la existencia del proveedor, su liquidación definitiva no determina, por sí sola, la desaparición de dicho deber formal. Conforme a la doctrina señalada, corresponde al liquidador atender su cumplimiento, sin que ello implique la subsistencia de una facultad general de representación de la sociedad extinguida.
45. Para estos efectos, cuando el RUT se encuentre cancelado, deberá observarse el procedimiento de reactivación previsto en el artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016[14], así como los requisitos de presentación y firma electrónica establecidos en el artículo 1.6.11.5 de la Resolución Única. La reactivación registral no comporta el restablecimiento de la personalidad jurídica.
46. Finalmente, el numeral 6.3 de la sección 3 del Anexo T6.16 exige conservar la documentación y los datos durante un período no inferior a cinco (5) años, contados desde el vencimiento del plazo máximo para reportar, incluso cuando el proveedor se encuentre liquidado o haya terminado sus actividades. Esta disposición confirma expresamente la subsistencia del deber de conservación después de la liquidación.
47. En los anteriores términos se absuelve su petición y se recuerda que la normativa, jurisprudencia y doctrina en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaría, en lo de competencia de esta Entidad, puede consultarse en el normograma DIAN: https://normograma.dian.gov.co/dian/.
1. De conformidad con el numeral 4 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7 de la Resolución DIAN 91 de 2021.
2. De conformidad con el numeral 1 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el articulo 7-1 de la Resolución DIAN 91 de 2021.
3. Cfr. Concepto DIAN No. 011522 (Int. 1314) de 2025.
4. Orientación que debe considerarse en la interpretación de la Resolución, conforme a su artículo 1.6.11.10.
5. Cfr. OCDE (2023), International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 Update to the Common Reporting Standard, Comentarios a la sección V, párrafo 16. Disponible en: https://www.oecd.orq/en/Dublications/international-standards-for-automatic-exchanqe-of-information-in-tax-matters 896d79dl- en.html. En dicho párrafo se indica: «[...] Por ejemplo, una jurisdicción puede identificar que los proveedores de servicios de criptoactivos sujetos a declaración, las personas físicas, las entidades o los comerciantes intentan fragmentar los importes de las transacciones, como los importes de las ventas minoristas, para evitar las obligaciones de declaración con respecto a transacciones que, de otro modo, cumplirían la definición de Transacciones de Pago Minorista Sujetas a Declaración. En tal caso, la jurisdicción debe garantizar que dichas transacciones se traten como Transacciones de Pago Minorista Sujetas a Declaración y se declaren como tales.» (énfasis propio).
6. Cfr. OCDE (2023), ibid., Comentarios a la sección II, párrafo 22, ejemplo 1. Dicho ejemplo examina expresamente una operación de pago minorista en la que el proveedor no mantiene una relación previa con el comprador y precisa las condiciones para tratarlo como Usuario de Criptoactivos.
7. Para ello, el proveedor deberá aplicar los procedimientos de debida diligencia aplicables.
8. Cfr. Numerales 5.1, 6.1 y 6.2 de la sección 3 del Anexo T6.16.
9. Cfr. OCDE (2023), ibíd. Comentarios a la sección IV.C(4), párrafo 32.
10. Cfr. OCDE (2023), ibídem, Comentarios a la sección III, párrafos 12 y 15 a 17.
11. Cfr. OCDE (2023), ibídem, Comentarios a la sección IV.C(4), párrafo 33.
12. Cfr. Concepto DIAN No. 011522 (Int. 1314) de 2025.
13. Cfr. Concepto DIAN No. 040302 de 2000 y Oficios DIAN No. 006973 de 2007 y 915216 de 2021.