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OFICIO 018690 int 2059 DE 2026

(octubre 23)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

<Publicado en la página web de la DIAN: 29 de octubre de 2026>

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Unidad Informática de Doctrina

Área del DerechoTributario
Banco de DatosOtras Disposiciones

Extracto

1. Esta Subdirección está facultada para absolver las consultas escritas, presentadas de manera general, sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y de fiscalización cambiaría, en lo de competencia de la DIAN[1]. En este sentido, la doctrina emitida será de carácter general, no se referirá a asuntos particulares y se someterá a lo consagrado en el artículo 131 de la Ley 2010 de 2019[2].

2. Mediante el radicado de la referencia se solicita aclarar el alcance del Concepto 014748 (Int. 1797) del 29 de octubre de 2025. En dicho pronunciamiento se interpretó que, si bien la exclusión prevista en el numeral 28 del artículo 476 del Estatuto Tributario (E.T.) no distingue entre entidades emisoras de tarjetas de crédito, su aplicación a los emisores no vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia está condicionada a que se encuentren autorizados como participantes de un sistema de pago de bajo valor (SPBV).

3. Al respecto, el peticionario consulta si esta disposición debe interpretarse conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado que, según señala, reconoce el carácter objetivo de la exclusión y supedita su aplicación al origen de las comisiones en la utilización de tarjetas de crédito o débito, con independencia de la calidad de quien las perciba.

4. Sobre el particular, este Despacho precisa:

4.1. El numeral 28 del artículo 476 del Estatuto Tributario establece que se encuentran excluidas del impuesto sobre las ventas: «Las comisiones percibidas por la utilización de tarjetas crédito y débito». El supuesto previsto por el legislador se define, por tanto, a partir de la naturaleza de la remuneración y de su relación con la utilización de estos instrumentos.

4.2. La disposición no exige que las comisiones sean percibidas por establecimientos de crédito, entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, emisores de tarjetas o participantes de un SPBV. Tampoco establece distinciones en función de quien asuma su pago.

4.3. Al respecto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 26 de marzo de 2009 (Exp. 17249) precisó que:

«las comisiones excluidas, no sólo son los pagos que recibe la entidad financiera por el uso de las tarjetas de crédito, provenientes del tarjetahabiente o usuario del crédito, sino cualquier comisión que se origine en la utilización de las tarjetas de crédito o débito. (...) Además, la exclusión no se limita simplemente a la cuota de manejo pagada por los tarjetahabientes y/o los cargos que devengan la utilización de sus tarjetas, sino que se extiende a todas las comisiones por las operaciones ejecutadas con tarjetas de crédito y débito»[3].

4.4. Posteriormente, en sentencia del 3 de septiembre de 2020, exp. 24536, la misma Sección explicó que la mencionada exclusión comprende las comisiones originadas en la utilización de tarjetas de crédito o débito, independientemente de quien las perciba o asuma su pago, criterio que reafirma su interpretación anterior sobre la mencionada exclusión[4].

4.5. Así, conforme esta regla interpretativa, el criterio determinante es la relación entre la utilización de la tarjeta y la comisión generada, sin que resulte procedente restringir la exclusión a determinadas clases de comisiones o imponer condiciones no previstas por el legislador[5].

4.6. Frente a la vinculatoriedad de la jurisprudencia de las altas cortes, la Corte Constitucional[6] ha explicado que la fuerza vinculante de las decisiones judiciales también recae en su «ratio decidendi»[7], que es el componente de la decisión judicial que configura el precedente. Esto implica que no solo es vinculante la decisión contenida en el «resuelve», sino también la formulación general del principio, regla o razón que constituye la base necesaria de la decisión judicial especifica[8].

4.7. De allí que, si bien el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 establece el deber de observar las sentencias de unificación del Consejo de Estado, ello no implica que de las demás sentencias de la corporación no puedan derivarse reglas o subreglas judiciales que constituyan precedentes exigibles[9] y de obligatorio cumplimiento para las autoridades administrativas[10].

4.8. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional al señalar que las autoridades administrativas están obligadas a observar las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en las que se han interpretado las normas aplicables al caso Concreto[11], so pena de que su inobservancia afecte directamente la validez de las decisiones administrativas[12].

5. Por consiguiente, para efectos de aclarar la doctrina objeto de análisis, este Despacho observará la regla jurisprudencial sobre el alcance de la exclusión prevista en el numeral 28 del artículo 476 del E.T[13], en atención al deber de aplicación uniforme de las normas y de los precedentes judiciales, evitando así que la Administración se convierta en un «agente de conflictividad y congestión judicial, en contravía de los fines del Estado Social de Derecho (art. 2 C.P.)»[14]

6. En ese sentido, conviene analizar lo que se ha dicho sobre la emisión de tarjetas de crédito.

6.1. Las tarjetas de crédito permiten instrumentar operaciones de financiación mediante las cuales su titular dispone de un cupo de crédito, sujeto a las condiciones pactadas con el emisor. Dicho otorgamiento de crédito no constituye una actividad reservada a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

6.2. En efecto, en concepto 2019160941-001 del 19 de diciembre de 2019 la SFC interpretó que:

«En ese orden, es dable concluir que resulta viable que personas naturales o jurídicas emitan tarjetas de crédito para instrumentalizar operaciones de crédito u operaciones de financiamiento que se realicen exclusivamente con recursos propios y bajo la estructura jurídica de un contrato de mutuo, lo cual no supone el desarrollo de una actividad respecto de la cual este Organismo deba impartir autorización.»

6.3. Esta distinción resulta concordante con los numerales 8 y 16 del artículo 2.17.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. Mientras la calidad de entidad emisora se refiere al ofrecimiento de medios de pago y a la emisión de instrumentos de pago a favor de los ordenantes, la de participante corresponde a quien ha sido autorizado por la entidad administradora para tramitar órdenes de pago o transferencias de fondos en su sistema.

6.4. Por tanto, la emisión de una tarjeta de crédito y la autorización para participar en un SPBV corresponden a supuestos jurídicamente diferenciables. La exigencia de esta última se vincula al acceso y operación dentro del respectivo sistema; de ella no se deriva que toda emisión de tarjetas de crédito con recursos propios requiera, por esa sola circunstancia, ostentar la calidad de participante.

6.5. Por su parte, el artículo 1.3.1.13.1 del Decreto 1625 de 2016 reconoce dentro de las comisiones por operaciones ejecutadas con tarjetas de crédito o débito las cuotas de manejo pagadas por el tarjetahabiente y las comisiones cobradas al establecimiento. Esta disposición tampoco condiciona su tratamiento a la calidad de participante del emisor. En consecuencia, exigirla con carácter general supondría adicionar un requisito que no está previsto en la disposición legal ni en la reglamentaria, contrariando así el artículo 84 de la Constitucional Política y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

6.6. Lo anterior no releva de verificar que la remuneración corresponda a una comisión originada en la utilización de tarjetas de crédito o débito. Para ello debe atenderse al servicio remunerado y a las condiciones en que se causa el cobro.

7. Bajo este entendimiento, la referencia a la autorización como participante de un SPBV, contenida en el Concepto 014748 (Int. 1797) de 2025, debe interpretarse en concordancia con el carácter objetivo de la exclusión y con el ámbito de aplicación de la regulación financiera invocada en su fundamentación.

8. En efecto, el numeral 4 de dicho concepto reconoce que el numeral 28 del artículo 476 del E.T. no establece distinciones según la entidad emisora de las tarjetas. Por su parte, sus numerales 7 y 8 se refieren a las reglas de funcionamiento de los SPBV y a la autorización requerida para tramitar órdenes de pago o transferencias de fondos dentro de estos sistemas.

9. La lectura conjunta de estas consideraciones permite precisar que la exigencia de autorización se encuentra referida a los supuestos en los cuales el emisor requiere acceder a los servicios de un SPBV. En ese ámbito, deberá cumplir los requisitos previstos por la regulación financiera para intervenir como participante[15].

10. Este entendimiento armoniza las disposiciones examinadas: la norma tributaria determina el tratamiento de las comisiones a partir de su origen en la utilización de tarjetas de crédito o débito, mientras que la regulación financiera establece las condiciones para participar en los SPBV. El carácter objetivo de la exclusión no releva del cumplimiento de estas condiciones cuando resulten exigibles, pero las mismas no pueden extenderse a operaciones que no se encuentren comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la exclusión.

11. Por consiguiente, se aclara el Concepto 014748 (Int. 1797) del 29 de octubre de 2025, en el siguiente sentido:

11.1. La exclusión prevista en el numeral 28 del artículo 476 del E.T. es objetiva y su procedencia se determina por el origen de la comisión en la utilización de tarjetas de crédito o débito, sin que resulte procedente restringirla a determinadas clases de comisiones, formas de pago o imponer condiciones no previstas por la ley o el reglamento.

11.2. La referencia a la autorización del emisor como participante de un SPBV debe entenderse circunscrita a los eventos en que dicha participación resulte exigible conforme a la regulación financiera.

12. En los anteriores términos se aclara el Concepto 014748 (Int. 1797) de 2025. Se recuerda que la normativa, jurisprudencia y doctrina en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaría, en lo de competencia de esta Entidad, puede consultarse en el normograma DIAN: https://normograma.dian.gov.co/dian/.

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>.

1. De conformidad con el numeral 4 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7 de la Resolución DIAN 91 de 2021.

2. De conformidad con el numeral 1 del articulo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el articulo 7-1 de la Resolución DIAN 91 de 2021.

3. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de marzo de 2009. Exp. 17249. C.P. Héctor J. Romero Díaz.

4. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 18 de octubre de 1996. Exp. 7757. C.R Julio Enrique Correa Restrepo; 6 de diciembre de 2006. Exp. 15050. C.R Ligia López Díaz; 10 de octubre de 2007. Exp. 14261. C.R Héctor J. Romero Díaz; 10 de octubre de 2007. Exp. 15813. C.R Juan Angel Palacio Hincapié y 6 de marzo de 2008. Exp. 15021. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

5. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de septiembre de 2020. Exp.24536. C.P. Milton Chaves García. En este pronunciamiento, la alta corporación de lo Contencioso Administrativo resalta que «el numeral 17 del artículo 476 del E.T. excluye del IVA a todas las comisiones percibidas por la utilización de tarjetas de crédito y débito sin distinción alguna y sin restringirla a la operación realizada entre la empresa emisora de las tarjetas y el establecimiento comercial», sin que ello pueda ser restringido vía doctrina.

6. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Consideraciones. Numeral 2., subnumeral 2.2. «E/ sistema de fuentes y el lugar de la Jurisprudencia»

7. «la ratio decidendi es la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva. En cambio, constituye un mero dictum, toda aquella reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión, por lo cual son opiniones más o menos incidentales en la argumentación del funcionario». Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-047 de 1999. Consideraciones, «Ratio decidendi, alcance del respeto al precedente y cosa Juzgada constitucional implícita», considerandos 48 y siguientes.

8. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-489 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martello. Considerandos, numerla 4 «El desconocimiento del precedente constitucional como causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias Judiciales. Reiteración de Jurisprudencia», párrafo 2.

9. En efecto, en sentencia C-588 de 2012, la Corte Constitucional preciso que «estas sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. [...]. Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo».

10. Cfr. Garay, Kennier. El procedente del Consejo de Estado en las fuentes del derecho administrativo. Opinión Jurídica, volumen 18, enero-junio 2019, p. 275. DOI: https://doi.org/10.22395/oium.vl8n36all. Consultado el 22/10/2026.

11. Esto ha sido replicado en la Resolución 91 de 2021 y la Circular DIAN No. 10 de 2022, que subrayan la obligación de garantizar una interpretación uniforme y coherente de las disposiciones tributarias, teniendo en cuenta los precedentes y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

12. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Considerando 5.2.3.

13. Máxime que parte de dicha jurisprudencia produce efectos de cosa juzgada erga omnes, conforme al articulo 189 de la Ley 1437 de 2011.

14. Cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2177 de 2013. C.P. William Zambrano Cetina. Consideraciones, Literal C) «LA VINCULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMO EXPRESIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD», numeral 2 «Los efectos prácticos de la sujeción de la Administración a los precedentes Judiciales del Consejo de Estado», párrafo 3.

15. Sobre este tópico, la SFC ha dicho que toda institución no financiera emisora de tarjeta de crédito que otorga financiación con sus propios recursos, «podría formar parte de un sistema de pago de bajo valor en su condición de participe y concurrir a la compensación y liquidación de órdenes realizada dentro del sistema por las entidades autorizadas para tal fin», siempre que cumpla con los requisitos previstos por la normatividad aplicable. Cfr. SFC. Concepto No. 20012099040 - 019 del 21 de octubre de 2013. Disponible en:

https://www.superfinanciera.gov.co/ABCD/superfinanciera/php/buscar_integrada.php?base=iuris&Opcion=libre&Expresion=$&prefiio.

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